La Declaración de bienes y actividades como garantía de integridad en el desempeño de funciones públicas

Autor: Mena-Guerra,, Ricardo.

Categoría: Investigaciones institucionales

Extracto: Es un hecho conocido globalmente que muchos funcionarios públicos, a la finalización del ejercicio de sus cargos, han amasado una fortuna escandalosa y desproporcional con respecto a su sueldo. Para tal fin, en algunas situaciones han utilizado figuras de simulación o fraude de ley, o trasladado los dineros obtenidos injustificadamente a países con menos controles. No cabe duda de que esto es un tema de actualidad, tal como se refleja en la reciente noticia publicada, a principios de octubre del 2021, bajo el nombre de “Pandora Papers”, donde se expone que 330 políticos de 90 países utilizan compañías offshore secretas para ocultar su riqueza. Igualmente, a principios del 2016, también salió a luz pública la investigación periodística denominada los “Panamá Papers”, la cual exhibía a varios sujetos poderosos que habían abierto cuentas bancarias en el extranjero para ocultar el dinero de origen ilegítimo. Dentro de ellos, se encontraban 140 políticos y funcionarios públicos, incluyendo una docena de líderes mundiales e influyentes dirigentes retirados. Hoy en día, algunos funcionarios ni siquiera disimulan ante la ciudadanía su ritmo de vida ostentoso y no coherente con su capacidad económica. Al respecto, se han publicado noticias escandalosas de aumentos de patrimonio de funcionarios de distintos países como en Argentina, República Dominicana, Guatemala, El Salvador y hasta en países europeos3. Lamentablemente, el daño causado por estas prácticas nocivas de enriquecerse aprovechando el ejercicio del cargo o desplegando actividades incurriendo en conflictos de intereses, ya sea por presuntos actos de malversación, peculado, cohecho, tráfico de influencias, negociaciones ilícitas, desviación de poder, etc., superan los efectos patrimoniales directos a la hacienda pública. Estos también acarrean la pérdida de confianza, credibilidad y legitimidad del funcionamiento del Estado ante el ciudadano de a pie, siendo difícil cuantificar ese daño irremediable.